Según se informa más de 3.000 granadinos se han manifestado este sábado 9 de noviembre por las calles de la ciudad para denunciar los efectos perjudiciales del nuevo modelo de Dependencia en Andalucía. Convocada por UGT-Servicios Públicos, la marcha recorrió el centro desde la calle Recogidas hasta la Plaza Isabel la Católica sin que se registraran incidentes.
El colectivo, que se mostró unido y decidido, demandó un cambio urgente en el sistema de atención a las personas dependientes y en sus familias, y criticó la gestión de la Junta de Andalucía en la implementación de las nuevas normativas. La protesta se centró en las reformas aplicadas al procedimiento de reconocimiento de la dependencia y a las prestaciones económicas para los usuarios.
Críticas al nuevo modelo y al impacto sobre los usuarios
Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su descontento con la política de la Junta, que según los convocantes, ha creado un sistema más ineficaz e insostenible. En lugar de mantener el Programa Individual de Atención (PIAS), los afectados por la dependencia reciben un pago directo de aproximadamente 300 euros al mes, a cambio de la plaza en residencia o el servicio de ayuda a domicilio, que podría tardar hasta dos años en ofrecerse.
"Este modelo ha convertido a las familias en las principales encargadas de los cuidados, sin recibir una compensación justa", denunció un portavoz de UGT-Servicios Públicos. Aseguran que el cambio implica un empeoramiento en la calidad de la atención y un incremento de las listas de espera, dejando a los dependientes sin el apoyo que necesitan.
Desde el sindicato también advirtieron que esta reforma está perjudicando a los trabajadores del sector, ya que la falta de un refuerzo adecuado de personal amenaza los puestos de trabajo de los cuidadores profesionales.
Desigualdad social y sobrecarga familiar
El nuevo modelo, que entró en vigor en marzo, ha generado disparidades en el acceso a los cuidados, según los manifestantes. Las familias con mayores recursos pueden optar por servicios privados, mientras que las más vulnerables dependen exclusivamente de la atención pública, lo que profundiza la brecha social.
"Lo que está sucediendo es que las familias tienen que asumir, en muchos casos, una carga insostenible por solo 300 euros al mes", afirmaron los representantes del sindicato. Esta situación, según explicaron, puede generar problemas de salud no atendidos y aislamiento social entre los dependientes, afectando gravemente su calidad de vida.
UGT ha insistido en que, para evitar que el sistema de dependencia siga deteriorándose, es esencial una reforma real que incluya más recursos, formación para los profesionales y un aumento en las prestaciones a las personas dependientes.
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